Tras una lucha de años, el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como de etiquetado frontal de alimentos) logró media sanción en Senadores, aunque se teme su naufragio en Diputados. ¿Qué implica esta ley? ¿Quiénes son los principales interesados en que la norma no se apruebe y sigamos comiendo a ciegas? Aquí, algunos nuevos apuntes sobre la eterna pulseada entre el lucro y la salud.

Publicado por | Nov 12, 2020 |

l tema no es nuevo. Hace años que desde organismos tan diversos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UNICEF y diversas organizaciones locales se advierte sobre el impacto de una dieta sobrecargada de azúcares, sodio y grasas en la salud de todos. Y en especial la de los niños, principales destinatarios de las publicidades de productos comestibles industriales de todo tipo.

“Y lo peor de todo es que como se trata de productos especialmente elaborados para que esos ingredientes en exceso no se noten, los comemos o se los damos de comer a los niños sin tomar conciencia de lo que contienen”, comenta la cocinera Narda Lepes, una de las chefs famosas que se pusieron a activar cuando el proyecto de ley llegó a la Cámara Alta para su tratamiento. “Armamos un video en cinco horas y estuvieron desde Germán Martitegui hasta Donato de Santis y varios de los cocineros y las cocineras más ocupados del país. Pero eso era importante y urgente”, dice.

Y lo es, porque de la mano de los denominados alimentos ultraprocesados (gaseosas, jugos en polvo, snack dulces y salados, salsas, aderezos, galletitas y hasta las “barritas energéticas” pretendidamente “saludables”, entre otros) nuestro cuerpo incorpora a diario todo lo que menos necesita: sodio, azúcar, edulcorantes, cafeína y grasas de todo tipo. Según la OPS, “La fabricación de los productos ultraprocesados se basa en diversos procesos industriales que no tienen equivalentes en las viviendas particulares, como lahidrogenación, la extrusión y el moldeado, así como el preprocesado para freír. La finalidad principal delultraprocesado es crear productos listos para comer, beber o calentar. Normalmente, los productos ultraprocesados tienen un contenido mínimo de alimentos integrales y usan aditivos para obtener un color, una textura, un sabor y unas características de palatabilidad similares a los alimentos, además de combinaciones complejas de sal y azúcar y una imagen estudiada y atractiva de marca, envasado, promoción multimedia y mercadotecnia intensiva para niños y adolescentes. Son sumamente lucrativos, y los más vendidos son propiedad de empresas transnacionales”.

“Hoy la gaseosa se da hasta en las mamaderas”, ilustra Andrea Graciano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN). “Antes la gaseosa era un consumo eventual, esporádico, de fiestas y cumpleaños. Hoy ha reemplazado al gua como bebida cotidiana y eso se debe en gran medida a que la publicidad de las gaseosas está dirigida especialmente a los niños. Eso, si esta ley se aprueba, será historia”.

¿Qué ley? La de Promoción de la Alimentación Saludable, una de cuyas “patas” es el etiquetado frontal de los productos comestibles que superen las recomendaciones de la OPS. Pero hay más: la ley habla también de políticas publicas orientadas a una alimentación más sana, de prohibir la utilización de publicidades y promociones para incentivar a niños y niñas a consumir estas creaciones industriales que los enferman y de gravar con impuestos a las bebidas que dejan a nuestros chicos y chicas sin dientes y con el corazón latiendo a mil por hora por su macabra combinación de azúcares y cafeína.

Una gran noticia, sobre todo teniendo en cuenta que del consumo de estos productos se deriva una serie de Enfermedades No Transmisibles (ENTs) como la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardíaca. De hecho, según se lee en el documento de 2018 Informe sobre Rotulado Frontal (elaborado por la Subsecretaria de Agroindustria y el Ministerio de Trabajo). “En Argentina, más de mitad de la población (53.4%) tiene exceso de peso en algún grado; 4 de cada 10 adultos tiene sobrepeso -SP-; y 2 de cada 10 obesidad –OB-. Estos casos explican el 44% de la carga de diabetes, el 23% de las cardiopatías isquémicas y entre el 7 y 41% de ciertos cánceres. A su vez, constituyen el sexto factor principal de riesgo de muertes en el mundo, y cada año fallecen cerca de 3.4 millones de adultos como consecuencia de estos padecimientos”.

Aquí y allá, comiendo a oscuras

Desde luego que el tema no es local. En un mundo globalizado lo problemas de allá son también lo de aquí, y con multinacionales de alimentos vendiendo los mismos productos en todos lados las patologías también se replican. Por eso también desde hace algunos años, en distintos países surgió la necesidad de comenzar a alertar a consumidores y consumidoras sobre lo que realmente estaban acomodando en el changuito al subir ese botellón de gaseosa, ese postre rosado, ese paquete de salchichas lleno de perritos que mueven la cola.

Esta iniciativa toma como guía lo que se conoce como el Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS. ¿Qué es eso? Simple: es un sistema de clasificación de los alimentos elaborado por científicos independientes –esto es, libres de conflicto de interés- que permite identificar cuáles son los comestibles que no cumplen con las recomendaciones sugeridas para los denominados “nutrientes críticos”: sodio, grasa, azúcar. La idea es que ese Modelo de Perfil de Nutrientes sirva de base a la formulación de políticas públicas para que distintas naciones de Latinoamérica le pongan freno a la epidemia no sólo de obesidad sino de malnutrición y ENT que afecta  la región. 

Las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

Hace un año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un documento de 72 paginas dedicado al tema. Este se llama Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina y basta con leerlo para inquietarse. Allí se dice que entre 2000 y 2013 la venta de ultraprocesados “creció en todos los países y se asocia con el aumento de peso y a obesidad”, que hay “ultraprocesados cuyas ventas deben limitarse con medidas regulatorias” y que los niños y adolescentes de Latinoamérica merecen “leyes, reglamentos e intervenciones efectivos para transformar el actual entorno obesogénico y detener el rápido avance de la epidemia de obsesidad”.

Etiquetado en forma de semáforo implementado en Ecuador.

Asi fue como en Ecuador se implementó un sistema de alerta en los envases denominado “semáforo” porque usaba tres colores (rojo, amarillo y verde) para avisar a los compradores si el producto se excedía en sal o en azúcar, por ejemplo, en cuyo caso aparecía un cartelón rojo. En Chile, en junio de 2016, se propuso y aprobó un proyecto de ley que trabaja con otra clase de sello (un octógono negro) pero con la misma idea de advertir sobre la composición de eso que se está a punto de comprar. En Perú, en 2018 y en cumplimiento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable en Niños, niñas y adolescentes, se impuso un modelo de etiquetado frontal que es el mismo que busca aprobarse en Argentina. Esto es, octógonos negros con reborde blanco al frente de cada producto ultraprocesado que se exceda en algún ingrediente crítico (sal, grasa, azúcar) y con alguna de las siguientes leyendas: “Alto en azúcar”, “Alto en sodio”, “Alto de grasas saturadas”, toda vez que esos alimentos superen los parámetros establecidos por la ciencia como aceptables.

¿Por qué el octógono? Porque de la misma forma en que un octógono blanco que dice “Pare” es usado para detener el tránsito, esta clase de señal en los paquetes y envases de los alimentos ultraprocesados busca que los consumidores se detengan. Que paren. Que piensen si realmente quieren- por caso- darles doce cucharadas de azúcar a sus hijos de un solo trago. Porque eso es lo que les están dando con cada gaseosa.

También en México, el 19 de octubre del año pasado, se aprobó una ley que tiene al etiquetado claro entre sus pilares y sigue, como el proyecto argentino, las directivas de la OPS en que refiere al Perfil de Nutrientes.

La experiencia mexicana.

Ergo, todos aquellos productos comestibles ultraprocesados que se pasen de azucares, grasas y sal (esto es, todos aquellos que no respeten los limites recomendados por la ciencia para los denominados “nutrientes críticos”) llevan uno o varios sellos negros en el frente. La ley entró en vigencia en octubre de este año y –dato– también fue enormemente resistida por las principales marcas de bebidas y comestibles ultraprocesados. No es casual: en Chile, desde la sanción de la Ley de Etiquetado la venta de gaseosas se derrumbó y hasta las opciones falsamente “saludables” como los cereales cargados de azúcar o los yogures llenos de colorantes, aromatizantes y saborizantes químicos perdieron compradores. Será que cuando la gente sabe qué se lleva a la boca, a veces prefiere buscar opciones más saludables.

El proyecto, las protestas

Cuatro años y un mes: eso fue lo que tardó en implementarse la ley en Perú, país en donde entre la aprobación de la ley y su aparición en el Boletin Oficial hubo hasta un cambio de presidente. Como era de prever, el poderoso lobby de la industria alimentaria no iba a permitir que los representantes del pueblo le torcieran el brazo, no al menos tan rápidamente.

En Argentina el camino no fue ni más veloz ni menos accidentado. “La presión de la industria es terrible”, cuenta Graciano. “Y como su especialidad es esquivar los controles, lo que buscan ahora es “retocar” la ley para que sus productos puedan quedar fuera del alcance de los sellos de advertencia. Concretamente, ahora buscan que el Perfil de Nutrientes en base al cual se asignen los sellos no sea el de la OPS, que es el más estricto, sino uno parecido. De ese modo, esquivan los sellos y todo lo de  más:  prohibición de regalar sus productos, prohibición de publicidad orientada a niños, prohibición de acceso a ámbitos escolares, etc”.

Si este proyecto de ley se aprueba, además de octógonos negros sobre los envases y paquetes avisando sobre el alto contenido de grasas totales, azúcares, sodio, grasas trans y calorías habrá, también, un disparo directo a la línea de flotación de una industria que ha hecho de la publicidad destinada a niños, niñas y adolescentes el centro de su comunicación.

De hecho, cuando finalmente el proyecto se aprobó en el Senado hubo tres senadoras (dos tucumanas y una riojana) que votaron en contra. Que se entienda: en contra de un proyecto que –resultado de debates y consensos entre distintos sectores políticos, ya que éste proyecto es algo asi como la síntesis superadora de 15 iniciativas similares- busca preservar algo tan básico como el derecho a la salud mediante un mecanismo muy simple: transparentar la real composición química de todo eso que llega regularmente a nuestras mesas como resultado de un proceso industrial. Si este proyecto (hoy en la Cámara de Diputados) llega a aprobarse, cualquiera de nosotros podrá –con un simple golpe de vista- saber si eso que tiene entre sus manos está excedido en grasas, sodio o azúcar. Podrá también saber si está desaconsejado para niños y niñas por contener edulcorantes y para evitar “avivadas” el sello de advertencia será indeleble y de un tamaño no menor al 5% del total de la superficie frontal del producto.

Con todo, esta iniciativa ya cosechó críticas de distintos sectores interesados en que todo siga tal y como está. ¿Los argumentos? Calcados de lo que ya se dijo en otros países ante iniciativas similares: que la nueva norma afectaría a miles de familias trabajadoras, que afectaría las exportaciones, que colocaría a Argentina en un lugar de desventaja frente a países más “comprensivos” frente a las “necesidades” de las grandes empresas del rubro, etc. Brasil fue el ejemplo a seguir, justamente porque allí la presión de las industrias fue tan grande que… achicó la letra. Y si bien el debate sigue, la interpretación de esa información que debería ser de alerta es por demás confusa.

El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) Daniel Funes de Rioja, una institución que siempre se opuso a a los sellos de advertencia, directamente habla del peligro de la “demonización” de ciertos alimentos y defiende el dudoso derecho de seguir comiendo a oscuras. No estamos en contra de este etiquetado pero sí de la demonización de los alimentos, ya que es lo que puede llegar a pasar debido a este tipo de etiquetado. Por eso, creemos que hay que combinar tres cosas: eludir el preconcepto de los alimentos no saludables, ya que no existe el alimento perfecto; tener en cuenta que somos un país productor y exportador de alimentos; y, por último, que hay que combinar educación con la calidad e información alimentaria. Esto no es espantar con los alimentos e informar inadecuadamente”, dijo en declaraciones a la prensa.

Lobby, ¿está?

Pero, que quede claro: si este proyecto de ley finalmente se aprueba habrá mucho más que octógonos negros sobre los envases y paquetes avisando sobre el alto contenido de grasas totales, azúcares, sodio, grasas trans y calorías. Habrá, también, un disparo directo a la línea de flotación de una industria que ha hecho de la publicidad destinada a niños, niñas y adolescentes el centro de su comunicación. A partir de la sanción definitiva de esta norma, por caso, ya no podrán verse deportistas ni famosos promocionado tal yogur ni bebida ni galletita pasada de edulcorantes, saborizantes, espesantes, conservantes, estabilizantes y todo eso que se le agrega a un producto industrial. “Pensemos que mucha gente prefiere los jugos industriales porque piensa que son más “sanos” que las gaseosas y en realidad son puros químicos. Con suerte tienen 10% de jugo de alguna fruta que quizá ni siquiera es la que se muestra en el envase. Durazno, por ejemplo: al durazno se lo reemplaza por jugo de uva, que es más barato, y el sabor y la textura se crea con espesantes y saborizantes”, explica Graciano.

Ya no más simpaticonas perritas salchichas ni tigres sonrientes invitando a comer en el desayuno azúcar con algo de cereal. Peor aún, las empresas cuyos productos detenten algún sello negro ya no podrán ser contratistas del Estado ni formar parte de la oferta en entornos escolares del sistema oficial. ¿Gaseosa y alfajor para el desayuno? Imposible en la escuela pública.

¿Una marca importantísima de bebida cola haciendo un convenio con el gobierno de la ciudad para colar sus productos a través de un programa que supuestamente buscaba lograr una “escuela saludable”? Pues tampoco. Todo eso, se diga o no, es lo que está detrás de esta pelea que mezcla derechos, millones, poder y un nivel de conflicto de intereses poca veces visto. “Pero el escenario es claro, y es el que ya se dio en otros países: de un lado estamos todos nosotros (cocineros, niños, adolescentes, todos) y del otro empresas que no quieren dejar de ganar millones, sin ver que una población obesa y enferma es un problema en el corto, el mediano y el largo plazo. Además, mienten porque en ningún lugar adonde se implementó el etiquetado se perdieron puestos de trabajo”, cuenta Lepes.

El lobby empresario confía, como siempre, en la opacidad y en el miedo como sus mejores aliados para seguir haciendo excelentes negocios a expensas de la salud de todos. Del otro lado estamos nosotros, todos nosotros. Y en el medio están las instituciones de la República, que hoy tienen una oportunidad única de legislar en favor de la salud de quienes hasta ahora hemos vivido comiendo a ciegas. Abramos los ojos, estemos atentos y atentas. Que el elogio de la ceguera no vuelva a ganar la partida otra vez.